Elecciones regionales en segunda vuelta: un balance probusiness con vínculos a la legalidad

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A primera vista, el mapa político creado por los nuevos presidentes regionales es alentador para el entorno de negocios del país, salvo casos muy puntuales. Finalizada la segunda vuelta electoral, el número de regiones que eligió candidatos probusiness suman 18 de las 25 (incluido el Callao). En general los mercados recibieron los resultados con cierto alivio, luego de la incertidumbre de la campaña. “Los resultados son en gran parte neutrales para el clima de inversiones”, señaló en un informe Credicorp Capital.

Sólo dos candidatos antibusiness fueron elegidos: Gregorio Santos en Cajamarca –aunque permanece bajo prisión preventiva por una denuncia de corrupción– y el dirigente gremial de los mineros informales e ilegales Luis Otsuka en Madre de Dios. Incluso en Puno -región que el analista político Carlos Basombrío consideraba la más preocupante antes de las elecciones– triunfó un candidato probusiness. “Democracia Directa [partido por el que Aduviri participó] ha medido mal el avance del radicalismo. Como lo grafican las cifras, éste no supera el 20%”, escribió Hugo Supo, editor del diario Correo de Puno.

La foto bonita, sin embargo, esconde una nueva preocupación política: los indicios criminales que tienen diversos candidatos, independientemente de su postura hacia los negocios. Desde empresarios con múltiples investigaciones por corrupción hasta oportunistas que prometen repartir dinero para ser elegidos y, por supuesto, aquellos con fuertes vínculos con la minería ilegal, el mapa político regional del Perú debe mirarse bajo una lupa distinta. ¿Cuál es el impacto de estos vínculos criminales?

FORMALIZACIÓN INTERRUMPIDA

Los problemas probablemente se sientan en zonas puntuales. El caso más grave podría ser la elección en Madre de Dios de Luis Otsuka, quien lideró la oposición contra el proceso de formalización minera iniciado por el gobierno. El resultado constituye un duro golpe a la formalización, pues esta región alberga las operaciones mineras de oro ilegal más grandes del país. Otsuka podría implícitamente frenar o paralizar el proceso en Madre de Dios mediante la inacción, pues los gobiernos regionales son los responsables. Ello implicaría que la minería ilegal, la segunda actividad criminal que más dinero ‘blanqueado’ genera en el país (SE 1426), pueda operar con mayor facilidad.

En Áncash Waldo Ríos, quien basó su campaña en la promesa populista de regalar S/.500 mensuales a cada familia de la región, ganó en segunda vuelta. Así, un sentenciado por corrupción –fue uno de los congresistas tránsfugas sobornados por Vladimiro Montesinos– liderará la región que este año recibió el canon minero más alto del país (S/.768 millones).

La frustración de la población por la imposibilidad de que Ríos cumpla su promesa podría llevar a que el nuevo funcionario presione a la empresa minera Antamina a elevar su inversión social. Esta empresa ya tuvo problemas con César Álvarez, el anterior presidente regional denunciado por presuntamente manejar una mafia de corrupción vinculada al sicariato. Álvarez presionó a la minera a no reducir el canon que pagaría durante su ampliación.

PRESIDENTES INEXPERTOS

Otro riesgo tras los resultados electorales es que la mayoría de las nuevas autoridades tiene poca experiencia en gestión. Según APOYO Consultoría, sólo 11 de los 25 candidatos elegidos han tenido alguna experiencia en un cargo público. La falta de capacidad técnica puede limitar el potencial de crecimiento en las regiones, aun si el gobierno regional no genera barreras innecesarias a las empresas.

“Algunos gobiernos regionales dejan hacer, pero no impulsan el crecimiento. No hay restricciones y no tenemos problemas para hacer negocios, pero hemos llegado a un punto donde si no hay una mejor gestión no creceremos”, ha explicado recientemente a SE Juan Stoessel, gerente general de Casa Andina (SE 1441).

Dada la curva de aprendizaje de los nuevos presidentes regionales, el grado de ejecución de la inversión pública en las regiones será lento al menos durante el 1S15. “En el 2011 [tras las elecciones regionales del 2010], los gobiernos con nuevas autoridades ejecutaron el 59% de su presupuesto de inversión, mientras que los gobiernos reelegidos ejecutaron el 74%”, afirmó en un reporte APOYO Consultoría. Esto limitará el impacto reactivador que la inversión pública pueda tener sobre el crecimiento económico.

Los resultados electorales esconden riesgos importantes al entorno de negocios del país, y confirman la tesis anticipada por SE: que el problema ya no es la postura hacia la inversión privada del candidato, sino sus lazos con el crimen (SE 1426, 1441).

Fuente: SEMANAeconómica -Sector Público